La instrucción de Sánchez a los consulados españoles es acelerar la aplicación de la ley sin exigir la acreditación del exilio en la mayoría de los casos. Con esa orden ya operan los consulados en Ciudad de México, La Habana, Miami y Caracas, entre otros.
por Gabriela Moreno
Las nacionalizaciones masivas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez para todos los descendientes de españoles migrados, a través de la Ley Memoria, colapsan a los consulados. Las sedes diplomáticas están desbordadas de solicitudes y las colas en los alrededores lo confirman.
Sin embargo, la instrucción de Sánchez a los consulados españoles es acelerar la aplicación de la ley sin exigir la acreditación del exilio en la mayoría de los casos, porque la normativa establece que «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». El requisito solo será necesario para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, informó Ok Diario.
Con esa orden ya operan los consulados en Ciudad de México, La Habana, Miami y Caracas, entre otros. Allí los interesados sólo deben acreditar ser hijo o nieto de personas originariamente españolas, de modo que puedan iniciar el trámite para recibir la nacionalidad. Uno de los que figura con un número importante de solicitudes es la representación diplomática en Buenos Aires, que actualmente cuenta con 25500 citas desde que el proceso se aceleró.
Sin intermediarios
Esta vez los bufetes de abogados no pueden actuar de intermediarios ni gestionar el papeleo. Sin embargo, para el medio, la medida representa “una tergiversación del censo por la puerta de atrás” que arrastra además un fin claramente electoral para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la tolda de Sánchez, hundida en las encuestas donde el Partido Popular (PP) mantiene una holgada mayoría con Vox.
El último sondeo de Data10 arroja ese panorama. El PP figura como el eventual triunfador de las elecciones generales, tras proyectar que lograrían 131 diputados, con lo cual obtendría 38 escaños más de los que alcanzaría la formación liderada por Pedro Sánchez y que, sumados a los 56 pronosticados para Vox, permitirían a la derecha acabar con el sanchismo en el poder.
Un beneficio con ausencia de datos
Con la presión de los sondeos encima, las nacionalizaciones masivas de Sánchez son una esperanza para su partido. Si bien desde la Moncloa evitan responder cuántos solicitantes alcanzarían el beneficio, existe la referencia del medio millón de peticiones que reportó José Luis Rodríguez Zapatero cuando se llevaron a cabo las nacionalizaciones similares que impulsó durante su mandato.
Negar que exista una proyección mínima es una estrategia, porque desde que se aprobó la Ley de «Memoria Democrática», la secretaria de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, lidera encuentros con los descendientes de emigrados en América Latina para publicitar la norma y hacer propaganda del Gobierno, reveló Ok Diario.
Además, es inevitable interpretar el proceso como la preparación de un terreno electoral cuando nacionalizaciones masivas de Sánchez también pretenden beneficiar a corto plazo a 622.000 rumanos que residen en el país evadiendo que 12 % de esta comunidad tiene antecedentes penales en la policía y expedientes en los tribunales por distintos delitos, entre ellos, la trata de personas.
Una ley retocada
El Consulado General de España en Caracas ya presumió en Twitter de la aprobación de las primeras 18 solicitudes de nacionalidad mientras que, el Consulado General de España en México hasta publicó una fotografía de José Pablo del Castillo Zabalgoitia, un ingeniero de 37 años de padres mexicanos, quien se convirtió en el primer nacionalizado en base a esta ley.
El colapso de la sede consular en Cuba sigue el proceso advirtiendo que “no se admitirán registros a través de terceros, los interesados deben tramitar su registro personalmente”. Todo ello es la consecuencia del retoque a la ley que hiciera el gobierno de Sánchez a través del ministerio de Justicia a finales de octubre que dejó sin efecto la necesidad de demostrar la salida de España durante la Guerra Civil o la dictadura, lo cual incide en la ampliación del censo electoral exterior.
El presidente sabía las consecuencias al derogar que la «adquisición de la nacionalidad española» únicamente pudiera ser otorgada a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
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