Por su interés, compartimos una (larga) explicación razonable de la génesis y desarrollo del fenómeno de la okupación. Es de 2020, pero creemos que la explicación sigue valiendo. Este fenómeno, hay que matizar bien, no sólo consiste en jóvenes maleducados, guarros y que usan la declaración política como excusa para su comportamiento delictivo. Afecta también a familias que por la crisis perdieron su hogar y okuparon una vivienda como último y desesperado recurso. Original EN INGLÉS (IN ENGLISH) aquí.
Desde el estallido de la descontrolada burbuja inmobiliaria en 2009, la okupación (la ocupación ilegal de viviendas vacías o de tierras sin utilizar) se convertido en un problema importante. En 2019, tras un aumento del 58% de los casos en cinco años, se okuparon cerca de 100.000 viviendas por los okupas, según las estimaciones del Institut Cerdá. La cifra no incluye las viviendas ocupadas por inquilinos que simplemente dejaron de pagar la renta, dado que eso no se considera okupación.
Pero el problema de la okupación en España podría estar a punto de estallar en la medida en que un número cada vez mayor de inquilinos deja de pagar el alquiler y se lanza a la okupación. Durante los últimos seis meses, los inquilinos de pisos propiedad de grandes propietarios privados o empresas públicas han sido protegidos del desahucio por una moratoria gubernamental; pero está previsto que esa moratoria expire a finales de septiembre.
Una vez ocurra eso, es probable que los desahucios aumenten. Al igual que en muchos otros países, no se sabe cuántos inquilinos no están pagando el alquiler, pues no hay fuentes fiables. Pero los datos que existen sugieren que a finales de mayo cerca del 17% de los inquilinos no pagaban su alquiler. Si esa cifra es exacta, aunque sea a medias, eso significa que España verá pronto un «alarmante pico en los desahucios», como ha advertido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Muchos de los desahuciados acaban okupando alguna vivienda.
España se ha convertido en un paraíso para los okupas principalmente por cinco razones:
1. Su enorme stock de propiedades vacías. España tiene un número disparatado de viviendas vacías (en su mayor parte un legado de la última burbuja inmobiliaria). En el último censo, de 2011, el Gobierno registró un total de 3,4 millones de residencias vacías ¾equivalente a casi un tercio del parque de viviendas en toda Europa¾. Desde entonces la cifra ha bajado, pero nadie sabe en qué medida.
Muchas de esas viviendas vacías pertenecen a la rama inmobiliaria de los bancos, a fondos de capital riesgo o a inversores ricos, muchos de los cuales no están interesados en alquilaras; se limitan a conservarlas para ganar dinero con las plusvalías; o, al menos, así lo hacían mientras los precios iban al alza en general, algo que dejó de ocurrir con el confinamiento.
Aproximadamente el 70% de las propiedades ilegalmente ocupadas en 2017 pertenecían a Bancos u otras entidades financieras, conforme al Institut Cerdá. Se incluyen docenas de bloques de edificios totalmente abandonados que fueron «reocupados» por la PAH, para dar cabida al creciente número de familias sin hogar.
Para muchos, la okupación es un último recurso desesperado, mientras que para otros es un modo de vida o una declaración de intenciones políticas. Barcelona, en el epicentro del fenómeno de la okupación en España, atrae okupas de toda Europa. En los últimos años, cada vez más jóvenes de la ciudad (incluso muchos que trabajan) que se han quedado fuera del mercado del alquiler o que simplemente no quieren pagar unos alquileres exorbitados, han recurrido a la okupación.
Como me dijo un agente de policía en Barcelona especializado en desalojar okupas, expulsar a los okupas de viviendas pertenecientes a fondos de capital privado es un proceso lento y arduo, debido a la dificultad de identificar al verdadero propietario de la vivienda (Blackstone, por ejemplo, opera en España a través de docenas de entidades subsidiarias) y luego localizar un representante con el cual entendérselas. «Esto es una gran parte de nuestro trabajo diario», dice
2. Jugosas oportunidades de ganar dinero para delincuentes empresarios. En los últimos años, las bandas de delincuentes empresarios han empezado a especializarse en localizar y entrar en apartamentos vacíos. Una vez encuentran un lugar, rápidamente cambian las cerraduras y lo conectan a los suministros de agua, gas y luz de los vecinos. Luego «venden» el apartamento a un okupa o grupo de okupas, por un precio que oscila entre los 1.000 y 2.000 euros.
De esta manera ha surgido un floreciente mercado negro. En el barrio del Raval de Barcelona el mercado es controlado por una banda de la República Dominicana; cobran cerca de1.500 euros por cada «venta» de propiedad. Los okupas consiguen así vivir en un piso con todos los servicios sin tener que pagar alquiler ni servicios durante un período de seis meses. Si el apartamento en cuestión es propiedad de un fondo, los okupas no llaman excesivamente la atención y los vecinos no se dan cuenta de que están subvencionando su consumo de servicios, a menudo pueden permanecer durante mucho más tiempo.
3. Las leyes españolas sobre la propiedad tienden a proteger más a los okupas que a los propietarios, especialmente si la propiedad ocupada no es una residencia principal. Si un okupa ocupa la residencia principal de una persona, puede ser acusado de allanamiento de morada, castigado habitualmente con una pena de prisión que va de los seis meses a los dos años. Sin embargo, gracias a una modificación legislativa en el Código Penal, si un okupa usurpa una propiedad que no se usa como vivienda principal, incluyendo a veces las segundas residencias, es muy probable que sean acusados del delito de ocupación, castigado con una pena mucho menor, que va desde unos pocos cientos de euros de multa hasta seis meses de cárcel.
4. Procesos judiciales lentos. Si se ocupa ilegalmente una propiedad que no es primera residencia, el propietario puede tomar dos caminos. Puede acudir a los tribunales civiles para intentar recuperar la propiedad, lo que significa contratar a un abogado, pagar tasas judiciales y a menudo esperar mucho tiempo. Al menos el propietario puede estar seguro de que recuperará la propiedad.
La alternativa es ir por la vía penal, que es gratuita y puede a veces ser más rápida; pero el resultado dependerá en gran medida de la eficacia de los agentes de policía implicados. La única posibilidad que tienen de desalojar rápidamente a los okupas es que puedan demostrar inmediatamente que la propiedad acaba de ser ocupada. Pero eso es más fácil de decir que de hacer, especialmente si no se tiene acceso a la propiedad. La mayoría de las veces la investigación no llega a ninguna parte, por lo que al propietario no le queda más remedio que acudir a la vía civil.
En 2018 el Gobierno intentó agilizar los procesos civiles de desahucio introduciendo el procedimiento de «desahucio exprés», que permite al propietario afectado solicitar a los Tribunales la devolución del inmueble, y al mismo tiempo que adopte cautelarmente el desalojo con carácter previo a la sentencia. Si los Tribunales lo conceden, en teoría los okupas tienen sólo unos pocos días para presentar «título suficiente» para permanecer en la vivienda o abandonarla. En realidad, puede tardar mucho más tiempo, especialmente si los okupas en cuestión son familias con niños pequeños. Además, los grandes propietarios privados no pueden acudir a este proceso.
5. España no es país para inquilinos. Durante décadas España ha sido un país de viviendas en propiedad. Antes de la crisis tenía una de las tasas más altas de vivienda en propiedad en Europa, de más del 80%. En el punto más álgido de la burbuja inmobiliaria, en 2003-2005, se construían alrededor de 700.000 viviendas al año, más de las que se construían en toda Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntas. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, en 2009, más de medio millón de familias perdieron sus hogares. Muchas de las casas recién construidas no llegaron a ocuparse.
Desde entonces, el mercado de alquiler ha jugado un papel mucho más importante, pero las condiciones del mercado no son exactamente favorables al consumidor. Muchos apartamentos apenas son aptos para su uso y, sin embargo, alcanzan precios elevados de alquiler. En algunas ciudades (Madrid, Barcelona, Málaga…) los alquileres se han disparado más del 50% desde 2013, mientras que los salarios no han crecido a la par. No es sólo que los alquileres sean prohibitivos; también lo son las cuotas iniciales y los depósitos que los inquilinos tienen que pagar.
Tras la crisis, muchos proyectos de vivienda social se vendieron a fondos internacionales pertenecientes a gigantes de Wall Street, como Goldman Sachs y Blackstone. Como resultado, las viviendas sociales de alquiler, que normalmente ofrecen unos precios asequibles, representan ahora tan sólo el 2% de la propiedad residencia de España, frente al 3,5% de 2005. En comparación, es el 30% en Holanda, el 24% en Austria, el 21% en Dinamarca y el 17% en Gran Bretaña.
Irónicamente, el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada se consagra en el artículo 47 de la Constitución de 1978. Sin embargo, en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca, cada vez más residentes descubren que tal derecho ya no existe en la ciudad que los vio nacer. A menos que esta tendencia se revierta y si el sistema legal español siga protegiendo a los okupas como no se hace en ningún otro país, cada vez más gente optará por okupar.
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